Crowdfunding

Las Plataformas de Financiación Participativa: legislación y funcionamiento del “crowdfunding”

El crowdfunding es el medio más popular de financiación alternativa en Europa, con un volumen de transacciones en 2014 de casi 3.000 millones de euros, cifra que supuso un incremento nada menos que del 146% con respecto a los datos de 2013. En España, las cifras no son menos llamativas: 62 millones de euros en 2014 frente a los 29 millones de 2013, lo que supone un aumento del 114%.  El mercado espera que los datos de 2015 muestren, asimismo, un fuerte crecimiento, afianzándose de este modo el imparable avance de la desintermediación financiera, según un estudio sobre la financiación alternativa en Europa llevado a cabo por la Universidad de Cambrige y Ernst&Young.

La importancia del negocio del crowdfunding en relación con los servicios de pago es enorme, ya que muchas de estas plataformas de financiación alternativa funcionan como intermediarios de los cobros y pagos de sus usuarios, para lo cual, como veremos más adelante, deben transformarse en entidades de pago o contar con los servicios de una entidad de pago para gestionar los cobros y pagos entre sus clientes.

Cómo funciona el crowdfunding

estafa-piramidalExisten varios modelos de financiación participativa, pero el más relevante en el ámbito de los servicios de pago es, probablemente, el de préstamo. Su funcionamiento es el siguiente: una persona solicita una cantidad y remite la información a un portal especializado en préstamos financiados por la multitud. Este portal suele hacer un estudio sobre la viabilidad del usuario y le asigna un nivel de riesgo, indicando también el interés que tendrá que pagar por el dinero obtenido. En otras ocasiones el propio prestamista determina el interés al que aceptaría el préstamo, como ocurre con servicios como Grow.ly.

Posteriormente, se cuelga la solicitud en el portal y los prestamistas deciden si prestan una parte del dinero (al tipo de interés previamente expuesto por la plataforma o por ellos mismos) y qué cantidad. Cada prestamista presta una pequeña parte del dinero solicitado. De ese modo, puede diversificar su riesgo entre varios préstamos y, si uno acaba impagado, en condiciones normales la pérdida se compensa con el beneficio obtenido en el resto de préstamos en los que haya participado.

Así, si el proceso se completa satisfactoriamente y el prestatario recibe la cantidad solicitada, mensualmente devolverá una parte más los intereses, que serán ingresados proporcionalmente en la cuenta de cada uno de los prestamistas.

En este modelo, por tanto, se ven involucrados el prestamista, el prestatario y el intermediario, que gestiona por sí mismo o delega en un tercero la gestión de los cobros y los pagos entre los prestamistas y prestatarios.

Modelos de financiación participativa

Bancos_debateNo obstante, existen otros modelos de financiación participativa en los cuales subyace el mismo elemento común: consisten en una llamada general al público para recaudar fondos para un proyecto específico, aunque difieren según el tipo de proyecto y la remuneración que obtiene a cambio el inversor. Así, podemos distinguir, además del de préstamo, tres modelos de financiación participativa:

  • Inversión: este modelo difiere del de préstamo en que el inversor recibe como contraprestación una acción o participación de la empresa que financia o un compromiso sobre sus beneficios, en vez de un interés.
  • Donación: en este caso, el inversor no espera ningún tipo de retorno, simplemente dona sus fondos para la realización de un proyecto benéfico o que desea financiar por otros motivos.
  • Recompensa: en este modelo, el inversor no espera una retribución financiera por su inversión, sino algún tipo de recompensa no financiera, como un libro o una entrada a un concierto, como ocurre con Kickstarter. En este caso, la persona que financia el proyecto se denomina “mecenas”.

La ley española y las plataformas de crowdfunding

Al contrario de lo que sucede con otras entidades financieras, la regulación de las Plataformas de Financiación Participativa no está homogeneizada a nivel de la Unión Europea. Algunos países han decidido no regular la materia y otros lo han hecho siguiendo sus propios criterios. Veamos, a continuación, la regulación dada por el legislador en España a este tipo de plataformas.

El legislador español ha optado por regular las plataformas de financiación participativa de manera autónoma, aunque dando una especial importancia a la incidencia de las mismas en el mercado de los servicios de pago. La normativa española sobre plataformas de financiación participativa es muy reciente y se contiene en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (en adelante, “la Ley“).

De acuerdo con la definición dada por dicha ley, las plataformas de financiación participativa son aquellas empresas cuya actividad consiste en “poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”.

La Ley establece un régimen de autorización previa para poder llevar a cabo las actividades propias de las plataformas de financiación participativa y establece, por tanto, una reserva de actividad sobre las mismas. Es decir, sólo aquellas entidades autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrán llevar a cabo las actividades anteriormente expuestas.

No obstante, la Ley excluye de la necesidad de autorización previa y del ámbito de su aplicación a los modelos de financiación participativa de donaciones y de préstamos sin intereses.

Por otro lado, dedica un extenso artículo a regular todas aquellas actividades que no podrán ser realizadas por este tipo de plataformas, como la gestión de carteras, la recomendación personalizada de inversión o la concesión de préstamos o créditos, excepto en los casos expresamente previstos. Entre dichas prohibiciones, destaca, en el ámbito de los servicios de pago, la de “recibir fondos por cuenta de inversores o de promotores salvo que tengan la finalidad de pago y la plataforma cuente con la preceptiva autorización de entidad de pago híbrida de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago”.

En otras palabras, aquellas plataformas que presten a sus clientes un servicio de pago, no solamente estarán sometidas a la supervisión de la CNMV sino que, además, deberán solicitar la preceptiva autorización para actuar como entidad de pago híbrida, quedando por tanto dentro del ámbito de supervisión y regulación del Banco de España.

En relación con los requisitos exigidos para ejercer la actividad propia de las plataformas de financiación participativa, además de los generales sobre idoneidad de los administradores, organización administrativa y contable, procedimientos de control interno, etc., se exigen ciertos requisitos financieros:

  1. Un capital social de, al menos, 60.000 euros, o
  2. algún tipo de garantía que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones, o
  3. una combinación de ambos. Asimismo, se exige que estas plataformas tengan en todo momento una cifra de recursos propios determinada por la Ley en función del volumen de negocio de la entidad.

InversoresPor otro lado, en relación con los inversores, esta Ley distingue, en consonancia con lo previsto en la normativa sobre el Mercado de Valores, entre inversores acreditados y no acreditados, siendo los primeros aquellos a los que se les presume, en base a unos criterios establecidos por la Ley, unos conocimientos y una capacidad financiera que les hacen susceptibles de soportar un nivel superior de riesgo en sus inversiones. Una importante implicación práctica de esta diferencia es que las plataformas de financiación participativa serán responsables de controlar que ningún inversor no acreditado traspase los límites de inversión establecidos por la Ley.

En cuanto a los proyectos publicados por la plataforma, la Ley establece también ciertos límites que han sido muy criticados por la industria durante su proceso de tramitación. En concreto, se establece que los proyectos no podrán superar los 2.000.000 de euros, límite que se podrá ampliar a 5.000.000 millones cuando el proyecto esté dirigido exclusivamente a inversores acreditados. Desde la industria se argumenta que, con estos límites, los grandes proyectos seguirán buscando financiación fuera de nuestras fronteras.

Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta y cuya descripción, por extensa, podría ser objeto de un artículo independiente, son los requisitos de transparencia y de protección al inversor impuestos a las plataformas, si bien podríamos afirmar que se han establecido unos estándares equiparables a los exigidos a otras entidades financieras.

Hacia una regulación armonizada en Europa

Por último, es interesante hacer una breve mención a la situación a nivel europeo de la regulación de este tipo de entidades.

Como hemos mencionado, por el momento,  el crowdfunding sigue siendo una actividad financiera que carece de homogeneidad en el ámbito de la Unión Europea. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de las Entidades de Pago, donde existe un marco normativo homogenizado establecido en la Directiva de Pagos 2007/64/CE, el legislador europeo no ha adoptado aún una posición común sobre la regulación de las plataformas de crowdfunding, a pesar de que desde el sector se ha venido reclamando de manera continua una regulación homogenizada al respecto.

Sin embargo, sigue siendo necesario atender a la legislación nacional de cada uno de los países para determinar el régimen de funcionamiento de estas plataformas. Dentro de la Unión Europea encontramos países donde la actividad no se ha regulado en absoluto, otros donde se ha regulado de manera accesoria y otros que han optado por legislarlas de manera específica, como es el caso de España y la mencionada Ley 5/2015. En este sentido, la European Crowdfunding Network publicó a finales del pasado año un interesante documento con una breve descripción de la regulación de las plataformas de crowdfunding en Europa, Israel y Norteamérica.

Esta falta de regulación común supone un importante inconveniente para el desarrollo del crowdfunding como un medio de financiación alternativa a nivel europeo, ya que resulta muy costoso adaptar el negocio a cada una de las legislaciones nacionales. Para intentar paliar esta situación, las autoridades europeas están llevando a cabo distintas iniciativas para dotar de cierta homogeneidad a la regulación de las plataformas de financiación participativa en Europa.

Ya en 2013 la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública pidiendo opiniones sobre una posible regulación armonizada del crowdfunding. Para apoyar esta postura, el 25 de junio de 2014 se creó el European Crowdfunding Stakeholder Forum, el cual se ha reunido ya en tres ocasiones, la última el pasado 4 de marzo de 2015.

En el mismo sentido, la European Banking Authority (EBA), en su opinión EBA/Op/2015/03 del pasado 26 de febrero de 2015 sobre el crowdfunding en su modelo de préstamo, establece que el marco legal más adecuado para la regulación de este tipo de plataformas es el establecido en la Directiva de Pagos, ya que cubriría la parte de la actividad relacionada con los aspectos relativos a los pagos entre prestamistas y prestatarios. Ésta ha sido, en parte, la postura adoptada por el legislador español, tal y como hemos visto. Por un lado, regula a las plataformas de financiación participativa como una figura autónoma, sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero por otra establece que dichas plataformas no podrán recibir fondos por cuenta de inversores o de promotores salvo que tengan la finalidad de pago y la plataforma cuente con la preceptiva autorización de entidad de pago híbrida.

Por último, la European Securities and Markets Authority (ESMA) publicó un documento con recomendaciones sobre el crowdfunding en su modelo de inversión, incluyendo también el modelo de préstamo. En dicho documento se describen cuatro casos concretos en los que se considera que las plataformas de financiación participativa estarían actuando dentro del ámbito de actividades reservado por la Directiva de Pagos para las entidades de pago:

  • En aquellos casos en los que las plataformas acepten pagos de manera que necesiten llevar un registro interno que atribuya los distintos pagos a distintos clientes. En esos casos, las plataformas podrían estar gestionando una cuenta de pago, con independencia de que el pago se realice en una cuenta bancaria separada o no.
  • Cuando una plataforma mantenga fondos en una cuenta desde la cual los envíe a partir de las instrucciones dadas por sus clientes.
  • Cuando un inversor realice un pago único a través de la plataforma para su envío inmediato, ya que podría considerarse que dicha operación es envío de dinero, de conformidad con la definición que de dicha actividad realiza el artículo 4 (13) de la Directiva de Pagos.
  • En algunos casos, según ESMA, sería posible, incluso, que la plataforma estuviera “adquiriendo” transacciones de pago.

Este documento de ESMA viene de nuevo a reforzar la idea de la enorme importancia que la actividad desarrollada por las plataformas de financiación participativa tiene en el ámbito de la prestación de los servicios de pago y la necesidad de encontrar sinergias entre ambos mercados que consigan mejorar la eficiencia y la productividad de las plataformas de financiación participativa y de las entidades de pago.

En cualquier caso, debemos dar la bienvenida a las Plataformas de Financiación Participativa, de las que, sin duda, oiremos hablar mucho en adelante, augurándoles un futuro de éxito, en el marco de una regulación homogeneizada a nivel de la Unión Europea, que previsiblemente incluirá la supervisión de los servicios de pago que éstas efectúen, como ya ha anticipado el legislador español.

(Más información en las páginas web de la European Crowdfunding Network  y de la Asociación Española de Crowdfunding).

Loviit

Abogado especializado en el asesoramiento a entidades financieras a lo largo de más de 20 años, fundamentalmente en las áreas de crédito y medios de pago.
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